El senador por La Libertad Avanza, Juan Cruz Godoy, se muestra como uno de los defensores más firmes del proyecto de reforma laboral dentro de la delegación chaqueña. Confía en que el oficialismo logrará los votos necesarios para aprobar la iniciativa y sostiene que la ley apunta a sentar las bases de un crecimiento económico sostenido.

Para Godoy, la reforma busca incentivar la formalización del empleo, especialmente en pequeñas y medianas empresas, mediante reglas más claras, previsibilidad jurídica e incentivos fiscales. En relación con el capítulo de Ganancias, relativiza el impacto negativo sobre las provincias y plantea que el objetivo debe ser ampliar la base tributaria a partir de un mayor volumen de empresas formales, en lugar de sostener altas alícuotas sobre una economía estancada.
En una posición más equilibrada se ubica la senadora radical Silvana Schneider, quien reconoce la necesidad de actualizar una legislación laboral con más de cincuenta años de vigencia. Desde la UCR, sostiene que el desafío es modernizar sin resignar derechos adquiridos, y remarca que el proyecto debe encontrar un punto de equilibrio entre la protección del trabajador y el alivio de cargas para el empleador.

Schneider participa activamente en las comisiones que analizan la iniciativa y mantiene una agenda de diálogo con actores económicos y sociales del Chaco, como cámaras empresariales, que expresaron acompañamiento general con objeciones puntuales a varios artículos. Su postura está condicionada a que esos planteos sean incorporados al texto final.
En el extremo opuesto se encuentra el senador Jorge Capitanich, principal voz crítica del proyecto. El exgobernador calificó la reforma como «atroz» y llamó a la resistencia social y sindical. Considera que bajo el rótulo de «modernización laboral» se esconden una reforma regresiva de derechos y una reforma tributaria encubierta que perjudica a provincias y municipios.

Capitanich alertó sobre el impacto fiscal de la baja del Impuesto a las Ganancias, el desfinanciamiento de las obras sociales sindicales y la reducción de la capacidad de negociación colectiva. Para el senador, la iniciativa no resuelve el problema central de la informalidad laboral y apunta a debilitar sindicatos, economías regionales y recursos subnacionales.
Fuente: Diario Norte