Días atrás, el gobierno de Leandro Zdero anunció que instruirá a la Fiscalía de Estado para que impulse una acción que declare la inconstitucionalidad de la ley 3946-A que aprobó una serie de decretos de la gestión de Jorge Capitanich mediante los cuales se instrumentaba la progresiva regularización laboral del personal de la administración pública provincial.
Como respuesta a esa decisión política de avanzar contra los derechos de los trabajadores precarizados, la UPCP recurrió a la justicia para que se confirme la vigencia y aplicación de esa ley y, sobre todas las cosas, que se ordene al Poder Ejecutivo que la cumpla por considerar que el gobierno provincial ”deliberadamente omite dar cumplimiento a lo establecido por la Ley 3946 A”.