Con 172 votos positivos, 73 en contra y dos abstenciones, la Cámara Baja logró rechazar el veto a la Emergencia en Discapacidad. Es la primera vez que la oposición consigue los dos tercios para insistir con una ley. La pelota pasa al Senado, un territorio más hostil para el oficialismo. No corrió la misma suerte el aumento del 7,2 por ciento a los jubilados y el bono. Por segundo año consecutivo, libertarios y aliados blindaron el veto a las jubilaciones. Fueron claves las seis abstenciones. Cinco estuvieron ligadas a las gobernaciones de Misiones y Entre Ríos, a pesar de las denuncias de al menos tres diputados sobre presiones para que se dieran vuelta los votos. Pese a las maniobras del oficialismo, Diputados convirtió en ley el proyecto de los gobernadores para coparticipar los ATN, una caja millonaria que el Gobierno manejaba a discreción.
Por primera vez en la era Milei, la oposición reunió los dos tercios para insistir con una ley vetada. En una jornada que se anticipaba caliente, el oficialismo exigió a la oposición dos tercios para habilitar el tratamiento sobre tablas de cada uno de los vetos, con el argumento de que no tenían dictámenes de comisión. La prueba de fuego fue la Emergencia en Discapacidad, que comenzó a debatirse cerca de la una del mediodía. Los 75 votos que el oficialismo y sus aliados juntaron para bloquearla mostraron la merma en sus apoyos, lejos de los 87 héroes que en 2024 blindaron los vetos al financiamiento universitario y a las jubilaciones.
Afuera, cientos de jubilados y colectivos de personas con discapacidad siguieron la sesión, en medio de un dantesco operativo de seguridad y un sin fin cortes de calles que dificultaron la llegada al Congreso. La sesión, convocada por el mega bloque opositor —Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y la izquierda—, contó con apoyos inesperados que garantizaron el quórum, como los oficialistas Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro, este último enfrentado a la intervención de su partido en la provincia, y la expulsada del bloque libertario Lourdes Arrieta. Los tres conformarán un nuevo espacio que se llamará “Coherencia” (ver aparte). También aportaron los tucumanos de Jaldo, los cordobeses de Llaryora y cuatro radicales de la UCR de Rodrigo de Loredo.
Discapacidad, el primer veto rechazado
“La ley de Emergencia en Discapacidad está fuera de la grieta”, sostuvo el autor de la iniciativa, Daniel Arroyo. “Es un acto de justicia y no tiene sentido que el Gobierno la haya vetado”, agregó. Recordó además que su impacto fiscal es mínimo: apenas un 0,03 por ciento del PBI.
El inicio de la sesión estuvo precedido por un mensaje del vocero presidencial Manuel Adorni en X, donde anunció que el Gobierno estaba “considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad” (ver aparte). Sin más precisiones, el comunicado buscó frenar la avanzada opositora en Diputados. No fue suficiente: el oficialismo sufrió su primer revés de la jornada.
Ayudaron al Gobierno sus aliados del PRO, aunque no en bloque. Silvia Lospennato, Germana Figueroa Casas y María Eugenia Vidal se abstuvieron. Sofía Brambilla, Álvaro González y Héctor Baldassi, alineados con Horacio Rodríguez Larreta, y Ana Clara Romero, referenciada en el gobernador de Chubut, votaron en contra. También acompañaron al oficialismo los radicales con peluca y los aliados que se sumaron tras el cierre de acuerdos electorales: los mendocinos de Cornejo y los entrerrianos de Frigerio.
Respecto de la primera votación, la oposición consiguió los apoyos de los ocho diputados de Innovación Federal —referenciados en Misiones, Río Negro y Salta—. Se sumaron, además, dos de los tres legisladores del MID de Oscar Zago, exaliados del Gobierno. La UCR de De Loredo acompañó con excepción de Pamela Verasay y Lisandro Nieri, de Mendoza, y Gerardo Cipolini, de Chaco, condicionados por las alianzas con La Libertad Avanza.
La Emergencia en Discapacidad, que regulariza pagos a prestadores y actualiza aranceles, seguirá en el Senado, donde la oposición tiene menos obstáculos para alcanzar los dos tercios. El Gobierno, por su parte, se prepara para judicializar la norma y evitar su aplicación (ver aparte).
Nada para los jubilados
Tras un debate de cinco horas, seguido por cientos de jubilados que soportaron el frío frente al Congreso, la Cámara Baja no pudo revertir el veto presidencial. En la práctica, los de la mínima no recibirán el aumento del 7,2 por ciento y el bono seguirá congelado en 70 mil pesos. Desde temprano, la oposición sabía que el poroteo no cerraba: faltaban al menos uno o dos votos para insistir con la ley.
Durante la discusión, Pablo Juliano cuestionó a quienes podían dar vuelta: “La política indigna deja de ser política”. En la misma línea, Germán Martínez y Fernando Carbajal denunciaron presiones de gobernadores para frenar el aumento. El radical de Democracia para Siempre fue explícito: “Quiero denunciar que algunos gobernadores están presionando a sus diputados. No sean crápulas. Es una forma de corrupción cambiar ATN por jubilados”. La Casa Rosada, en efecto, activó negociaciones con varias provincias para sostener el veto. “El sostenimiento de los vetos no depende de la cantidad de diputados, sino de las fuerzas que vienen del cielo”, escribió el libertario Agustín Romo, en un guiño a la influencia de Santiago Caputo.
Las presiones se reflejaron en la votación: legisladores de Entre Ríos, Misiones, Río Negro y Neuquén se abstuvieron, votaron en contra o directamente no estuvieron. Fueron determinantes las seis abstenciones: cinco ligadas a negociaciones provinciales —la entrerriana Marcela Ántola, de Democracia para Siempre, y los misioneros Alberto Arrúa, Carlos Fernández, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik, de Innovación Federal—. La sexta fue de María Eugenia Vidal.
En paralelo, hubo ocho ausentes. Entre ellos, Agustín Domingo (Innovación Federal), bajo la órbita del rionegrino Alberto Weretilneck, y Tanya Bertoldi (Unión por la Patria), cercana al neuquino Rolando Figueroa. También se ausentaron en ambas votaciones —Emergencia en Discapacidad y jubilaciones— Manuel Aguirre (Democracia para Siempre, Corrientes) y Dante López Rodríguez (Unión por la Patria, Catamarca).
Como los vetos deben ser rechazados por ambas cámaras, la voluntad del Ejecutivo de ajustar a los jubilados sin compensaciones sigue firme. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo fiscal anualizado del aumento del 7,2 por ciento a jubilaciones y pensiones, junto con el bono de $110.000 y las mejoras a pensiones no contributivas, equivalía al 0,78 por ciento del PBI. Para cubrirlo, el proyecto incorporó seis fuentes de financiamiento que sumaban el 0,72 por ciento del PBI, casi la totalidad del costo anual de las medidas vetadas.
ATN, otra victoria de la oposición
A pesar de los intentos del Gobierno por quebrar la liga de gobernadores que impulsó los proyectos de coparticipar los Aportes del Tesoro Nacional y el impuesto a los biocombustibles, la oposición logró sancionar la modificación que obliga a distribuir automáticamente los fondos de ATN entre las provincias.
Sobre el final de la votación, Martín Menem intentó empantanar el trámite al plantear que la aprobación requería mayoría agravada. Fue acompañado por José Luis Espert y Ricardo López Murphy, quienes argumentaron que se modificaba la Ley de Coparticipación. Finalmente, Menem habilitó la votación con mayoría absoluta. Con 143 votos positivos, 90 en contra y 12 abstenciones, la Cámara aprobó la iniciativa.
Durante el debate, Juan Manuel López (Coalición Cívica) señaló: “Sería bueno quitarle la discrecionalidad al Poder Ejecutivo de turno” y puso en duda el destino de esos fondos. “Vaya a saber si se han usado para sostener un veto”, ironizó.
Otro golpe al gobierno con la Comisión $LIBRA
Otro golpe al Gobierno llegó con el cambio en el reglamento de la Comisión Investigadora del cripto escándalo. Por 138 votos afirmativos, 91 en contra y 7 abstenciones la oposición logró aprobar las modificaciones necesarias para desbloquear su funcionamiento.
La iniciativa, impulsada por el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, modifica el reglamento con el que se creó la comisión e incorpora que, en caso de empate, las autoridades deberán surgir de los bloques que concentren la mayoría en el pleno de la Cámara de Diputados. La vicepresidencia quedará para el otro miembro propuesto para la presidencia —es decir, un representante del oficialismo—, mientras que la secretaría será asignada a un integrante propuesto por el conjunto de bloques o interbloques que hayan respaldado al presidente designado.
Los otros artículos modificados establecen que el quórum de funcionamiento será el previsto en el artículo 108 del reglamento de la Cámara y, que en caso de empate, la votación quedará definida por el presidente. Además se extiende el plazo para la presentación de informes se prorroga hasta el 10 de noviembre de 2025. Uno de los puntos más resistidos por el oficialismo y sus aliados quienes consideran que la comisión sí funcionó y que su tiempo para emitir las conclusiones se agotó.
La semana que viene deberá reunirse, con los mismos miembros, para elegir un presidente que responda a los bloques que impulsaron la comisión investigadora.
El fin de la sesión
Entrada la madrugada, y ya aprobados los cambios en el uso horario, la oposición reconoció que no tenía los votos para avanzar con los siguientes temas: el rechazo al veto de la Emergencia para Bahía Blanca, la moratoria previsional y el proyecto de los gobernadores que modifica el impuesto a los biocombustibles.
El tratamiento del veto a la Emergencia para Bahía Blanca no alcanzó los dos tercios necesarios para habilitar su debate sobre tablas, por lo que la oposición deberá ahora obtener dictamen en comisión antes de volver a llevar el tema al recinto.
Tras esa votación, Germán Martínez anunció que no estaban los votos para aprobar los dos puntos restantes y se levantó la sesión.
Fuente: Página|12