Primer paso hacia el aumento que tendrá el servicio de colectivos en el área metropolitana, con una tarifa que se mantiene inalterable desde febrero en 1300 pesos el pasaje plano, se convocó para el 10 de diciembre en Resistencia y dos días más tarde en Fontana a las audiencias públicas que validan el proceso como antesala del incremento.
El aumento llegará en un contexto de tensión acumulada entre los actores del sistema y proyecciones económicas complejas. Los empresarios del sector estiman que la tarifa técnica supera actualmente los $3000 por viaje, muy lejos de los $1913 vigentes desde diciembre de 2023. De ese monto, 613 pesos son los que aporta el Estado en concepto de subsidios.
El escenario crítico se compone de una caída de la demanda: cada vez más usuarios migran hacia aplicaciones de transporte, y aumenta significativamente la proporción de pasajeros con Atributos Sociales, como jubilados nacionales y titulares de la AUH. A esto se suma el incremento de estudiantes que viajan con boleto gratuito o bonificado. En conjunto, estos grupos representan entre 60% y 70% del total transportado, lo que implica que solo entre el 30% y el 40% de los pasajeros paga la tarifa plana de $1300.
Gustavo Larrea, presidente de la Cámara de Empresarios del Transporte Automotor del Chaco (Cetach), plantea que la clave para sostener la «ecuación económica» del transporte pasa por reformular el modelo tarifario, pero también por un cambio de enfoque en las políticas públicas: «El Estado parece pensar más en las motos que en los colectivos», dice, y alerta sobre los costos que implicaría permitir que una parte creciente de la población dependa de vehículos más peligrosos para el sistema de salud pública.
COYUNTURA
En paralelo a la discusión tarifaria, varias empresas mantienen vigente hasta el 30 de noviembre un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), una herramienta prevista en la legislación laboral que permite evitar despidos mediante mecanismos extraordinarios, como congelamiento salarial, recorte de horas extra y pago de una parte del sueldo como suma no remunerativa.
El PPC permitió que no existiera cesantías hasta ahora pero empresarios ya notificaron que, si no mejora el flujo de fondos, se verán obligadas a avanzar con despidos.
La llegada del verano juega en contra: la demanda cae abruptamente por el receso escolar, el parate de la administración pública y la baja circulación general. En este escenario, la UTA anticipó públicamente que no aceptará la quita de puestos de trabajo, pero todo indica que habrá negociaciones intensas. La alternativa más probable es que se abra una mesa para prorrogar el PPC durante todo el período estival, con el objetivo de llegar a marzo u abril con una nueva tarifa y una proyección más favorable.
CUÁNTO COSTARÁ EL PASAJE
No suelen existir grandes diferencias entre los valores que calcula el gobierno como tarifa técnica y los que estiman los concesionarios, pero el punto central del asunto es saber lo que deberán abonar los usuarios (se estima que la nueva tarifa tendrá vigencia desde el inicio de 2026) y para ello es crucial lo que esté dispuesto a inyectar el gobierno como subsidios.
Está claro que el pasaje no trepará a los 3000 pesos que consideran empresarios pero también es difícil que por la situación financiera y económica de la provincia se destinen mucho más que los 613 pesos actuales por cada pasajero que abona la tarifa plana.
Seguramente se buscará acordar a mitad de camino en un punto que implique que el porcentaje de incremento para el usuario sea el menor porcentaje posible pero que también pueda el gobierno encontrar un entendimiento con las prestatarias del servicio de modo tal de sostener la actividad en el tiempo, porque la mayoría considera que el horizonte no es el mejor.
Fuente: Diario Norte