«La acusación patronal resulta insólita: se imputa a Almirón por haber convocado asambleas de trabajadores y por responder un memorando interno dirigido al presidente de la empresa, Adrián Vellef. Es decir, actividades normales y legítimas de cualquier dirigente gremial, reconocidas y protegidas por la Constitución Nacional, la Ley 23.551 y los convenios internacionales de la OIT», afirma el sindicato.
La Unión considera que todo es parte de una «persecución sistemática» contra esa entidad gremial y el sindicalismo provincial en general.
Al respecto recuerda «despidos masivos» ejecutados en enero de 2024, que dieron lugar a denuncias de Almirón «que terminaron en el desplazamiento del anterior presidente de ECOM, Emilio Verga, perteneciente a la misma gestión de gobierno».
Como dirigente gremial, Almirón siguió acusando a la gestión actual de realizar contrataciones irregulares y dijo haber sufrido una «amenaza mafiosa» que consistió en que manos anónimas colocaron dos balas de arma de fuego en el parabrisas de su vehículo.
«Hoy, la ofensiva se traslada al terreno judicial, con un pedido de exclusión de tutela sindical que constituye un atropello a la libertad sindical y a la democracia en Chaco», dice la Utich.
«Lo que está en juego no es solo la situación laboral de un dirigente, sino un precedente que afectará a todos los sindicatos de la provincia. Si hoy logran despedir al secretario general de Utich por hacer asambleas y responder notas internas, mañana podrán hacerlo con cualquier gremio que se atreva a denunciar corrupción, vaciamiento o despidos arbitrarios», agrega el gremio.
«Exigimos a la Justicia chaqueña que actúe con independencia y no se convierta en herramienta de disciplinamiento político», reclama finalmente.
Fuente: Diario Norte