“Hay días en los que pasamos hambre. A veces recién comemos a las cinco de la tarde y no lo volvemos a hacer hasta el día siguiente. Comemos un pedacito de torta (parrilla) y tomamos un poco de mate. Al día siguiente salimos a buscar algo para comer. Algunos tienen ocho hijos, otros nueve, y sufren el hambre con ellos”. La que habla es Magdalena “Lena” Martínez, una mujer del pueblo Wichí que padece diabetes. Su testimonio integra un reciente registro realizado por la Defensoría General Adjunta del Poder Judicial del Chaco a integrantes de pueblos originarios de Misión Nueva Pompeya y El Sauzalito, en El Impenetrable chaqueño, que confirman el incumplimiento de una medida cautelar que obliga al gobernador Leandro Zdero a garantizar alimentos y agua potable.
La pobreza estructural que desde hace décadas atraviesa a las comunidades indígenas del Chaco se profundizó desde el inicio de la gestión libertaria. Frente a esta situación, la defensora general adjunta, Gisela Gauna Wirz, presentó en diciembre de 2024 una acción de amparo con medida cautelar ante el Superior Tribunal de Justicia, solicitando que se ordene a Zdero, socio político de Javier Milei, brindar asistencia urgente a las comunidades Wichí.
Cabe recordar que desde 2007 rige una cautelar en favor de pueblos originarios del Chaco dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero que solo beneficia a las familias de la etnia Qom. En aquel momento, el entonces Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, describió la realidad de los pueblos originarios del Chaco como un “exterminio silencioso”.
El Superior Tribunal chaqueño se apartó del caso planteado por la Defensora Adjunta y decidió que sea el Juzgado Civil y Comercial 6 de Resistencia, a cargo del juez Jorge Sinkovich, el encargado de llevar adelante la demanda, teniendo en cuenta que es el que actualmente tiene a su cargo la ejecución de la cautelar de la Corte. En simultáneo, durante la feria judicial de verano, el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACh) también se presentó ante ese juzgado para reclamar la ampliación de la acción judicial e incluir al pueblo Wichí.
En enero se realizó una audiencia donde funcionarios provinciales prometieron asistencia, compromiso que nunca se concretó, según denunció el organismo autárquico indígena. Allí se advirtió que el cierre de comedores escolares en plena temporada estival dejó sin sustento a cientos de familias, afectando de manera directa el derecho a la alimentación, particularmente de niñas, niños y adolescentes de la zona del departamento Güemes, donde se concentra gran parte de la población Wichí.
Medida cautelar contra el gobierno provincial
El pasado 18 de marzo, el juez Sinkovich hizo lugar a la medida cautelar presentada por la Defensoría Adjunta y ordenó al gobierno de Zdero a garantizar la provisión de forma “continua, oportuna y adecuada” de agua potable y alimentos a la comunidad Wichí de Misión Nueva Pompeya, El Sauzalito, Fuerte Esperanza y diversos parajes de El Impenetrable, además de reforzar las acciones gubernamentales en este sentido. Todo esto hasta tanto se resuelva la acción de amparo que se tramita en dicho juzgado. En esta causa, intervienen como “amigos del tribunal” el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Defensoría General de la Nación.
Tras evaluar las pruebas presentadas por la Defensora General Adjunta, así como de los informes entregados por el propio gobierno provincial, el magistrado consideró que el pueblo Wichí se encuentra en una situación de “extrema pobreza”, y que dicha situación es “consecuencia de la falta de políticas públicas adecuadas por parte del Estado Provincial”.
Asimismo, advirtió que la gestión de Zdero llevó a cabo acciones que resultan “insuficientes a efecto de satisfacer, en tiempo y forma, las necesidades humanas básicas de los pueblos originarios accionantes”. Sumó como agravantes de esta situación las amplias distancias que existen entre las localidades y parajes con los centros urbanos y la constante discriminación que sufren dichas comunidades.
Medida cautelar contra el gobierno provincial
El gobierno del Chaco apeló. En su recurso, la Fiscalía de Estado ratificó que el Ejecutivo provincial asiste a las comunidades indígenas de la zona, que la presentación de la Defensora General Adjunta se basa en planteos “abstractos” y que el juez Sinkovich dictó una medida judicial con una clara “finalidad mediática”. “La Provincia viene ejecutando las acciones puntualizadas en las zonas mencionadas, lo que se encuentra sobradamente acreditado”, afirmaron los abogados del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, al contrario de lo que postula el relato oficial, los testimonios recabados en la zona confirman que la situación no solo no mejoró, sino que empeoró. Por la “gravedad de esta omisión”, que constituye una “afectación directa a la vida y dignidad del pueblo Wichí”, la Defensora Adjunta solicitó al juez, con “carácter de máxima urgencia”, que intime al Gobierno del Chaco a cumplir “de forma inmediata” con lo ordenado. El magistrado fijó un plazo de dos días hábiles, que venció el miércoles, para que el Poder Ejecutivo provincial informe qué acciones concretas viene desarrollando en favor de estas familias.
El gobierno respondió mediante una serie de informes a través del Ministerio de Desarrollo Humano, la Administración Provincial del Agua (APA), el Ministerio de Salud y de Educación. Los escritos mencionan obras proyectadas, refuerzo sanitario y entregas de módulos alimentarios a través del Programa “Ñachec”, que significa “gracias” en lengua Qom.
La Defensoría volvió a intimar por los incumplimientos
Según la Defensora Adjunta, las respuestas oficiales fueron meramente formales y no demuestran un cumplimiento efectivo de la cautelar. Sostuvo que los informes presentados describen programas ya existentes y proyectos a futuro, sin acreditar medidas nuevas o un aumento efectivo de la asistencia.
En su escrito presentado esta semana a Sinkovich, la funcionaria judicial indicó que la entrega de agua y alimentos sigue siendo esporádica, insuficiente y limitada a ciertos lugares. Además, sostuvo que lo expresado por el gobierno chaqueño no demuestra un cumplimiento material y efectivo de lo ordenado. Ante el estado de cosas, solicitó al juez que intime al Ejecutivo provincial a acreditar el cumplimiento integral de la cautelar, detallando fechas, lugares, cantidades, frecuencias y cobertura efectiva de la provisión de agua y alimentos. Además, pidió que, si el incumplimiento persiste, se apliquen multas diarias y progresivas a los responsables hasta que se ejecute totalmente la sentencia.
Fuente: Página|12 por el periodista chaqueño Bruno Martínez