El Ejecutivo Municipal de Resistencia resolvió vetar parcialmente la ordenanza que impulsaba el sistema de «Ficha Limpia,» la cual buscaba prohibir el acceso a cargos públicos a personas con antecedentes por delitos específicos.
La medida, oficializada a través de la Resolución Nº 2432 del 5 de agosto de 2025, llega tras la sanción de la normativa por parte del Concejo Municipal antes del receso invernal, con el respaldo unánime de los seis ediles del oficialismo.
La decisión del intendente, Roy Nikisch, no cuestiona «el espíritu» de la ordenanza, sino que se fundamenta en un análisis jurídico que advierte vicios de constitucionalidad y legalidad en puntos específicos de su articulado original, que había sido promovido por el presidente del Concejo, Alejandro Aradas, y el edil Javier Dumrauf.
El principal argumento esgrimido por el Ejecutivo para vetar la ordenanza se centra en la «vulneración del principio de presunción de inocencia». La norma sancionada establecía que se consideraría inhabilitada a una persona condenada «en segunda instancia,» lo que, según el análisis del Ejecutivo, no constituye una «sentencia firme.»
Otro aspecto crucial de la observación se refiere al alcance de los delitos incluidos en la ordenanza. La Carta Orgánica Municipal, en su Artículo 27, establece una garantía ética que inhabilita para el cargo público a quienes incurran en «delito doloso contra el Municipio.» El veto sostiene que la ordenanza original extendía esta prohibición a delitos que, si bien son graves, no se subsumen en la categoría de «delito doloso contra el Municipio» como persona jurídica. Como consecuencia, el veto parcial excluyó una lista considerable de tipos penales, entre los que se encuentran el homicidio simple y agravado, los delitos contra la integridad sexual, la violencia de género, los delitos contra el estado civil, y los delitos contra la libertad y la propiedad.
Además de los cambios en el articulado sobre los delitos, el veto parcial también excluyó de la aplicación de la norma a la Caja Municipal de Resistencia. El argumento esgrimido por el Ejecutivo es que esta entidad es un «ente autárquico» con su propia personalidad jurídica, patrimonio y administración. En cambio, la Resolución Nº 2432 resuelve invitar a la Caja Municipal a adherirse de manera voluntaria a los términos de la ordenanza.
PASOS POR SEGUIR
La decisión del veto del Ejecutivo ha generado una nueva instancia de análisis en el Concejo Deliberante. NORTE pudo saber que el bloque oficialista, que había impulsado y respaldado la ordenanza en su forma original, se reunirá el próximo miércoles para evaluar los fundamentos de la Resolución Nº 2432. Sin embargo, el criterio compartido dentro del bloque es aceptar el veto parcial propuesto por el Ejecutivo Municipal. Esta postura tiene como objetivo principal que la norma, una vez corregida, pueda ser promulgada y ponerse en vigencia con la mayor celeridad posible, evitando un proceso de insistencia que demoraría su aplicación.
Fuente: Diario Norte